Señaló que detrás de las acciones del Consejo Electoral están involucrados sectores empresariales, la criminalidad y sectores políticos, que representan a intereses ligados históricamente al poder en Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este sábado que avanza un golpe de Estado en su contra, que toma cuerpo en acciones emprendidas por el Consejo Electoral (CE) para suspenderlo de sus funciones y evitar cualquier proceso de transformación en el país que sirva a los intereses de las mayorías históricamente desposeídas.

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A través de X, el jefe de Estado aseveró que mediante un documento de una sala de consulta del Consejo de Estado, que no tiene fuerza vinculante, el CE lo despojó del fuero integral constitucional que lo protege.

Recordó que «la Constitución no permite que una instancia puramente administrativa y política como el Consejo Electoral, prepare el camino para suspender al presidente de sus funciones por una investigación de topes sobre la cual no tenía más competencia que los 30 días posteriores a la elección».

Meses atrás, el CE inició una investigación alegando que la campaña de Petro habría superado los topes de gasto permitidos y recibido fondos de fuentes prohibidas, acusaciones que el Presidente colombiano rechaza enfáticamente.

No resulta casual que esta investigación sea encabezada por el magistrado Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y Álvaro Hernán, del Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe.

El Presidente colombiano aseveró que este proceso es parte de un esfuerzo más amplio para desestabilizar a su Gobierno y que proviene de una articulación contraria a los intereses del pueblo, la cual involucra a sectores empresariales, la criminalidad y sectores políticos, que representan a intereses que históricamente se han hecho con el control del poder en Colombia.

La feroz oposición de estos sectores conservadores a las reformas sociales y políticas presentadas por Petro ante el Congreso trascendió como expresión de que no están dispuestos a ceder sus privilegios ni a beneficiar a los sectores más humildes.

Otra expresión del deseo de fomentar un clima de inestabilidad o utilizar procesos de lucha para enrarecer la relación Gobierno-sociedad, fue el paro de transportistas ocurrido esta semana, al cual el Gobierno colombiano proporcionó una rápida solución a través de un diálogo inclusivo y a puertas abiertas.

Ante el peligro del golpismo y de una regresión antidemocrática, organizaciones sociales y gremiales con larga tradición de lucha, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Comando Nacional Unitario (CNU) y la Coordinadora Nacional para el Cambio (CNPC), ya convocaron a una Asamblea Nacional.

Esta tendrá lugar el 14 y 15 de septiembre y se aprovechará para organizar, el 19 de septiembre, una movilización masiva, nacional, con epicentro en la Plaza de Bolívar, para rechazar el golpe de Estado y repudiar a sus protagonistas.

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